Ya están brotando. Los bonos verdes alcanzan la mayoría de edad

Los bonos verdes son instrumentos cuyas rentas se dedican exclusivamente a proyectos ecológicos nuevos o ya existentes – definidos como actividades que favorecen el clima u otros fines de sostenibilidad medioambiental. Hacen posible que se capte capital e inversión para proyectos beneficiosos para el medio ambiente. En enero de 2014, la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA) estableció ciertas normas para emitir bonos verdes.

En un principio, dominaban los emisores supranacionales (por ejemplo, el Banco de Inversión Europeo, el Banco Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo), pero los emisores financieros y corporativos recurren cada vez más a esta nueva fuente de financiación.

Al ser una clase de activos nueva, en los bonos verdes corporativos suceden muchas cosas por primera vez. En octubre de 2012, la compañía de gases industriales Air Liquide afirmó que eran la “primera compañía privada en emitir bonos que cumplen los criterios de los inversores SRI”. Este bono precedió a los Principios de Bonos Verdes, y técnicamente, puede que no sea un bono verde, pero es destacable porque “se ha colocado, en su mayor parte, entre los emisores de Inversión Socialmente Responsable (SRI)”. Desde entonces, hemos asistido al anuncio de la eléctrica francesa EDF en noviembre de 2013 de “la emisión del primer Bono Verde corporativo”, aunque es posible que este título se lo lleve la compañía inmobiliaria sueca Vasakronan (por un par de días). Más recientemente, en marzo de 2014, la compañía de productos de consumo Unilever anunció que “El bono de sostenibilidad medioambiental de Unilever es el primer bono verde del mercado de libras esterlinas, y el primero emitido por una compañía del sector FMCG”.

Es evidente que los emisores corporativos están empeñados en acelerar el desarrollo del mercado de bonos verdes como fuente de financiación alternativa y, al hacerlo, elevan la concienciación sobre los temas medioambientales que afrontan. El gráfico que aparece a continuación muestra que las empresas son ahora la mayor fuente de emisión de bonos verdes. Aunque está claro que los emisores y los inversores ganan puntos, ya que mejora su reputación por su participación y apoyo a proyectos sostenibles, los bonos verdes carecen de una definición vinculante e internacionalmente reconocida, simplemente se adhieren voluntariamente a una serie de orientaciones.

Una de las características estructurales de los bonos verdes es que a menudo se emiten fuera de los actuales programas de emisiones de valores de renta fija europeos (Euro Medium Term Note, EMTN) y están garantizados por la compañía matriz. Los flujos de caja que pagan los bonos proceden del emisor, por lo tanto se benefician de los flujos de caja generales de la compañía, no sólo de los del proyecto que se está financiando. No es extraño, por lo tanto, que la calificación de crédito de estos bonos esté en línea con otros bonos del mismo emisor. Esta dislocación, sin embargo, significa que los inversores no pueden identificar los flujos de caja del proyecto subyacente.

Los emisores de bonos corporativos incluyen con frecuencia el empleo de las rentas en el apartado “fines corporativos generales”, lo que no dice mucho a los inversores sobre cómo o dónde se van a emplear. ¿Se dedican, por ejemplo, a refinanciar, a M&A, a inversiones o para recompras de acciones? En contraste, una de las piedras angulares de un bono verde es que el empleo de las rentas está definido en la documentación legal, lo que debería suponer cierta transparencia. Digo cierta porque, en la práctica, una vez que las rentas se emplean, puede que el inversor tenga un acceso limitado a la información sobre el avance del proyecto y la medida en que está cumpliendo sus objetivos medioambientales. Por ejemplo, ¿están contribuyendo los ingresos del bono de un determinado proyecto a una reducción identificable de los gases invernadero, a mejorar la gestión del agua o de los residuos?

Existe cierta asimetría entre las credenciales verdes que se exigen a los emisores y a los inversores. Para que una entidad emita un bono verde tiene que guiarse por los principios establecidos por el ICMA. Además del uso de los ingresos, estos principios también incluyen la evaluación y selección del proyecto, información, así como la gestión de los ingresos. Esto último incluye una indicación para mejorar la integridad medioambiental del instrumento a través del uso de un auditor externo, un verificador independiente o, como muchos lo llaman, una agencia de calificación de Inversión Socialmente Responsable (SRI). Pero, en contraste con tantas exigencias como se imponen a los emisores, parece que no hay limitaciones sobre qué fondos de renta fija tienen derecho a participar en una emisión de este tipo. Aunque los emisores citan con frecuencia su voluntad de diversificar sus fuentes de financiación y atraer a inversores conscientes SRI y Medioambiental Social y de Gobierno (ESG) que buscan instrumentos de renta fija sostenibles (tanto desde una perspectiva de flujo de caja como medioambiental), los propios inversores no necesitan presentar un certificado de salud verde.

De hecho, puede que ni siquiera un bono emitido en un “envoltorio verde” satisfaga a ciertos fondos SRI que pueden alegar, acertadamente o no, que, por ejemplo, EDF está utilizando los flujos de caja generados por las actividades de energía nuclear para pagar los cupones de su bono verde. Desde otro ángulo, se pude aducir que los proyectos medioambientales están obteniendo mejoras de crédito a través del empleo de flujos de caja corporativos para impulsar la inversión en iniciativas medioambientales. En cualquier caso, sigue siendo el inversor el responsable de determinar hasta qué punto el bono es ecológico. Hasta ahora, las agencias de calificación no han intervenido en la discusión asignando un ranking relativo de “ecologismo”.

Por último, observando varios ejemplos de emisores de bonos corporativos en la tabla que aparece a continuación, parece que el precio de los bonos verdes en el mercado secundario está en línea con otras emisiones (“no verdes”), lo que nos parece lógico, teniendo en cuenta los argumentos estructurales y de flujo de caja ya mencionados.