El libro que está arrasando en Francia. Una crítica de Économie du Bien Commun.

El pasado agosto aproveché mi tiempo libre para leer el libro que ha revolucionado el paisaje político y económico en Francia (y no, no se trata de “Capital” de Thomas Piketty). El economista y premio Nobel Jean Tirole ha escrito un libro titulado «Économie du Bien Commun» («la economía del bien común»). Escrito en un lenguaje sencillo, su objetivo es llegar a un público amplio, incluidos lectores con muy pocos conocimientos de economía. Su lectura es amena, y en 17 capítulos y más de 600 páginas, Tirole aborda todos los problemas a los que se enfrenta la economía francesa, desde el cambio climático hasta los retos de la Unión Europea en el ámbito de la economía digital.

Para mí, la parte más relevante de la obra es la aguda visión de Tirole sobre el mercado laboral francés. La seguridad nacional y el paro serán los dos temas clave en las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo del año que viene. La relevancia del primero obedece, obviamente, a los atroces atentados terroristas que ha sufrido el país en los últimos dos años. El desempleo, sin embargo, es un problema estructural desde hace 40 años.

Tirole no se muerde la lengua a este respecto, y sostiene que la tasa de paro históricamente elevada de Francia no se debe al efecto adverso de la economía global – una útil explicación a la que recurren comúnmente los políticos franceses–, sino que obedece a la gran rigidez del mercado laboral por la que ha optado la sociedad francesa. Conscientes de que las cifras de parados seguían subiendo, el gobierno decidió crear contratos flexibles de plazo determinado (contrats à durée determinée o CDD) y numerosos trabajos subvencionados, en lugar de añadir cierto grado de flexibilidad a los contratos permanentes ultrarrígidos (contrats à durée indeterminée o CDI) y reducir la considerable carga de las contribuciones a la seguridad sobre los empleados. Las cifras son reveladoras: en 2013, un 85% de los empleos creados fueron contratos de plazo determinado, y un 77% de los despidos correspondieron a este tipo de contratos.

En realidad, un contrato de plazo determinado no satisface ni al empleado ni al empleador: los trabajadores reciben una protección laboral muy baja, y los empleadores no se sienten inclinados a renovar un contrato de plazo determinado, porque según la ley francesa, este se convierte automáticamente en un contrato permanente. Por consiguiente, Tirole recomienda introducir más flexibilidad en los contratos permanentes, a fin de incentivar a las compañías francesas a utilizar más contratos permanentes y fomentar de este modo «mejores trabajos» a expensas de contratos de duración determinada.

Tirole también aborda el tema de los despidos. En Francia, cuando una empresa despide a un empleado debe indemnizarlo, pero no corre directamente a cargo del coste (bastante elevado) de la prestación de desempleo que recibirá esa persona mientras no tenga trabajo, financiado por el sistema social. Actualmente, las prestaciones por paro están financiadas por las contribuciones de los empleados y de las compañías (y también por el mercado de deuda). Por consiguiente, cuando una compañía decide despedir a un empleado, ello va en detrimento de esa persona (a nivel financiero, psicológico y social) y del sistema social. Así, Tirole introduce un principio parecido al de que «el que contamina paga»: la compañía no solo debe pagar la indemnización por despido al empleado, sino también contribuir al coste de las prestaciones por desempleo que paga el sistema social a esa persona mientras no tenga trabajo. Añade que la medida sería fiscalmente neutra para el conjunto de las empresas, ya que la penalización se vería compensada por primas para otras compañías (a través de menores contribuciones a la seguridad social).

Por último, Tirole reconoce que a un economista no le corresponde determinar si la gente debería trabajar 35, 18 o 45 horas a la semana. No obstante, también rechaza ferozmente el argumento de que la reducción del horario laboral creará más puestos de trabajo, al cual califica de «solución falsa» sin respaldo teórico o empírico alguno. No cabe duda de que los oponentes a uno de los principales sindicatos franceses que contempla un horario semanal de 32 horas (en lugar de las 35 actuales) citarán a Tirole.

Espero que la autoridad en materia económica del receptor del premio Nobel de economía en 2014 proporcione claves de reflexión a los candidatos a la presidencia de Francia. En el pasado, Thomas Piketty fue asesor de la candidata socialista Ségolène Royal durante la campaña electoral de 2007. Su idea de un sistema impositivo simplificado era interesante y muy necesaria, pero la Sra. Royal fue derrotada por Nicolas Sarkozy, y desde entonces no se ha implementado ninguna simplificación a nivel tributario. Esperemos que el sentido común de Jean Tirole en lo referente al mercado laboral sea interiorizado por el próximo presidente francés. Ello podría ser beneficioso para el bien común.