El gobierno francés debería impulsar más reformas del mercado laboral y del sistema fiscal

Francia tiene un modelo social único. Se inició al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Consejo Nacional de la Resistencia (NCR) puso en marcha a toda prisa un plan para reconstruir el país tras cinco años de ocupación nazi. A pesar de no tener una afiliación política oficial, el NCR estaba influenciado de hecho por personas de la izquierda y del “Frente Nacional”, un partido comunista. El “plan de acción” del NCR ayudó a formar Francia en la etapa posterior a la guerra y es una de las razones de que hoy los sindicatos gocen de una posición tan prominente en la sociedad y por las que los franceses están tan apegados a sus “derechos sociales establecidos”.

Desde entonces, reformar Francia siempre ha sido una tarea difícil. La semana pasada se anunció que el país ha tenido un segundo trimestre consecutivo sin crecimiento, por lo que parece obvio que se necesita urgentemente algún tipo de reforma. Francia ha crecido tan solo un 0,1% el año pasado. A pesar del nivel extremadamente bajo de tipos de interés y del endurecimiento fiscal, el presupuesto estatal sigue en déficit estructural y el ratio de la deuda frente al PIB ha aumentado desde el 77% hasta el 93%. Más preocupante es que a pesar de la afirmación del presidente francés Hollande de que “invertiría la curva de desempleo” a finales de 2013, el número de demandantes de empleo sigue aumentando a un ritmo alarmante, dañando la confianza del consumidor y el gasto empresarial.

¿Qué puede hacer el gobierno de Hollande en un país tan difícil de reformar y donde el alcance para el gasto público es limitado?

En primer lugar debería intentar simplificar el complejo régimen fiscal de Francia, que a lo largo de años se ha hecho casi ilegible. Este ir y venir de impuestos sigue dañando a la economía francesa, creando incertidumbre y perjudicando la inversión empresarial Sólo en los últimos dos años, los legisladores franceses han creado 84 impuestos nuevos, por un total de 60.000 millones de euros.

En segundo lugar, el gobierno debe reducir la carga de las aportaciones a la seguridad social que pesa sobre el sector empresarial. Hoy día, Francia gasta el 17% de su PIB en cuotas a la seguridad social, la cantidad más alta de los 28 países de la UE. Aunque mucha gente cree que esto es el precio que hay que pagar para financiar el generoso sistema de bienestar francés, su financiación descansa demasiado sobre las empresas. En el resto de Europa, la carga de los pagos a la seguridad social se comparte a partes iguales entre empleados y patronos. En Francia, casi el 70% de estos pagos los realizan las empresas. Esto tiene un efecto directo sobre el coste laboral y disminuye la capacidad de las compañías para competir en un mundo cada vez más globalizado. El gobierno francés ha comenzado a encarar este tema concediendo una desgravación fiscal de 20.000 millones de euros (CICE) a todas las empresas francesas, pero hay que hacer mucho más. De hecho, para poner a Francia en pie de igualdad con su vecina Alemania, las aportaciones a la seguridad social de la empresa tendrían que reducirse en 80.000 millones de euros más.

Por último, el gobierno debería también resolver la excesiva burocracia del mercado laboral. Por ejemplo, muchas empresas pequeñas se niegan a crecer más allá del umbral de los 50 empleados porque si se supera este número se activan toda una serie de obligaciones legales y regulatorias. Sería razonable elevar ese umbral hasta los 250 empleados y poner a Francia en la misma línea de la norma europea. El Código Laboral Francés tiene 3500 páginas y pesa 1,5 kilos, mientras el Código Suizo, donde el índice de desempleo es del 3%, tiene 130 páginas y pesa 150 gramos (puede que dedique un post a comparar los índices de desempleo con el número de páginas de los códigos laborales de los distintos países). Esta excesiva burocracia es en parte la razón de que la competitividad de Francia haya estado descendiendo en los últimos años. En su último informe de Competitividad Global, el Foro Económico Mundial colocó a Francia en el puesto 23, en 2013, en el 21 y en 2012 en el 18. Más alarmante es que el país ocupa el puesto 116 en “eficiencia del mercado laboral” (de un total de 148 países), el 135 en “cooperación en las relaciones entre empresario y empleado” y 144 en “prácticas de contratación y despido”. La respuesta más frecuente de los participantes en una encuesta sobre cuál era el factor más problemático para hacer negocios en el país, fue “la restrictiva regulación laboral”.

Francia se mantiene en equilibrio al borde de la recesión, y Hollande está en una posición muy difícil. Una reforma completa del modelo social francés crearía gran inestabilidad ciudadana y, probablemente, empujaría al país a la recesión. Por otro lado, si no se hace nada también es muy posible que se acabe en recesión, ya que Francia sigue perdiendo competitividad a escala global. En un estudio reciente publicado por “Le Monde”, el 60% de los encuestados dijeron que estaban “satisfechos” con el modelo social francés, pero el 64% también declaró que el modelo debería ser por lo menos parcialmente reformado. El gobierno francés debería interpretar esto como un signo de que puede introducir algunos ajustes en el sistema fiscal francés, sin perjudicar sus posibilidades de ser reelegido dentro de dos años. Con su popularidad en mínimos históricos y un desempleo en máximos, no hay más tiempo que perder.